El deficiente estado de conservación de los pavimentos españoles ha incrementado las emisiones en más de 25 millones de toneladas de CO2 en una década
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha presentado hoy su informe sobre “Necesidades de Inversión en Conservación”, que recoge los resultados del trabajo de campo realizado durante el segundo semestre de 2019 en las vías competencia del Estado, Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales.
De los 100.000 kilómetros de carreteras representados en la muestra auditada por la AEC cuyos resultados se han hecho públicos hoy en rueda de prensa, un total de 10.000 presentan deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento. Roderas, grietas en las rodadas, agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y grietas erráticas son los daños más frecuentes, los cuales pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación e incrementando las emisiones de gases a la atmósfera.
La conclusión más relevante del estudio sobre “Necesidades de Inversión en Conservación 2019-2020” es el acusado deterioro de los pavimentos, que obtienen una calificación media de “deficiente”, a escasos puntos del “muy deficiente”. Se trata de la peor nota de los últimos veinte años. El pavimento acumula el 94% del déficit total de las infraestructuras viarias españolas, lo que se traduce en unas necesidades de inversión en reposición y refuerzo de firmes de 7.008 millones de euros para el conjunto de las carreteras (un 6,5% más que en 2018). De ellos, la red del Estado, de 25.000 kilómetros de longitud, necesita 2.224 millones, y la red autonómica (75.000 kilómetros): 4.784 millones.
Según expresó la propia Asociación Española de la Carretera en rueda de prensa, este déficit en la conservación de carreteras “ha incrementado las emisiones procedentes del tráfico rodado un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en una década“. El alto grado de contaminación producido por el transporte por carretera “es parte del precio que la sociedad española ha tenido que pagar como consecuencia de la inacción de los gobiernos central y autonómicos en lo que afecta a la conservación de las redes de carreteras a su cargo”, ha subrayado la AEC.
El Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, la Estrategia “Sistema Seguro” orienta a reducir a la mitad el número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030 y la Ley de Movilidad y la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada son” tres de los cuatro grandes desafíos que están en la hoja de ruta del actual Ejecutivo, pero que pueden verse amenazados si la situación de las infraestructuras viarias no da un giro de 360 grados”, concluye la Asociación Española de la Carretera. “El cuarto, alcanzar la neutralidad climática en 2050 como meta fundamental del Pacto Verde Europeo, es, sencillamente, una quimera desde la óptica en la que las administraciones públicas españolas han instalado sus políticas de movilidad”.