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El sector viario español se posiciona con respecto al pago por uso de las carreteras y el “bono de movilidad”
La Asociación Española de la Carretera (AEC) lanza un documento de posición en el que recoge la necesidad de replantear el modelo tradicional de financiación de las carreteras y propone acogerse a fórmulas que se sustentan en el principio de que “quien usa paga y quien contamina paga”.
Tras hacerse pública la intención del Gobierno de España de implantar un pago por usar las carreteras a partir del año 2024, según recoge su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a la Comisión Europea, la Asociación Española de la Carretera emitió un comunicado con objeto de aportar consideraciones al debate y, en concreto, la propuesta “bono de movilidad“.
La red viaria española acumula un déficit de mantenimiento cifrado en 7.500 millones de euros, cantidad mínima necesaria para devolverlas a un estado aceptable, según el Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación de las Carreteras Españolas, publicado en julio de 2020. Este déficit de mantenimiento ha supuesto además un incremento en las emisiones de gases a la atmósfera que la AEC cifra en al menos 25 millones de toneladas de CO2 en la última década.
Ante esta situación de gravedad en términos económicos, medioambientales y de seguridad vial de la que que no se prevén mejorías en los próximos años debido a los limitados recursos públicos y la prioridad en atender el gasto social (desempleo, pensiones, sanidad, educación…) frente a la conservación del patrimonio viario, la AEC entiende que es necesario replantear el modelo tradicional de financiación de las carreteras “dando paso a nuevas fórmulas -como la Euroviñeta– recogidas en la Directiva 2011/76/UE sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras” que se sustentan sobre el principio de que “quien usa paga y quien contamina paga”.
La propuesta de la Asociación Española de la Carretera es una “herramienta de financiación que permitiría recuperar los déficits de conservación acumulados, mejorar la calidad del servicio y optimizar la movilidad gracias a la digitalización y la gestión medioambiental” asociada al pago por el sobreuso de las vías. Es decir, solo se pagaría a partir de un determinado número de kilómetros recorridos o por razones ambientales.
“Lo recaudado debería conformar un fondo exclusivo para carreteras y transporte que permitiera acabar con el déficit, realizar acondicionamientos puntuales, minimizar emisiones, crear carriles reservados, reducir la accidentalidad o adaptar las vías a modos de movilidad que están por llegar”, explica la AEC. Pero para que fuera efectivo “el Bono de Movilidad debería implantarse en todas las redes viarias, independientemente de su titularidad”.
Para la propuesta de escenario de implantación del sistema “Bono de Movilidad” la AEC propone partir de un hito 0 referencia a la que se irán sumando sucesivas estimaciones temporales:
- Despliegue de sistemas de control y sanción: hito 0 + 2 años a pleno rendimiento y con el período de pruebas superado
- Despliegue del sistema de geolocalización y puesta en servicio del modelo, con los sistemas informáticos en funcionamiento y el proceso completo de almacenamiento y gestión de datos: hito 0 + 3 años
- Equipamiento de OBU en todo el parque de vehículos: en un máximo de hito 0 + 4 años vía instalación obligatoria en ITV
