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El sector de la carretera insta al Gobierno español a adoptar 20 medidas urgentes para reactivar la economía y el empleo

La Asociación Española de la Carretera (AEC), máxima entidad nacional de representación del sector viario, ha lanzado hoy un comunicado público con una batería de propuestas compuesta por seis medidas urgentes que adoptar en período de confinamiento, tres medidas de impulso a la recuperación económica durante la etapa de estabilización y once medidas que adoptar tras la era COVID-19.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de expectativas del 14 de abril, ha anunciado que prevé que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 conduzca a la economía mundial hacia la peor recesión desde la Gran Depresión. En la zona euro estima una brusca contracción de -7,5% y específicamente en España señala que al descenso del PIB de 8% acompañará previsiblemente una subida del paro al 21%. En esta situación y por la propia naturaleza de la crisis, los sectores más afectados -como aerolíneas, ocio, turismo, distribución y textil- no podrán actuar de bisagra para la recuperación como sucedió en otras circunstancias de recesión económica. No es el caso del sector de la carretera, que sí podría ser determinante para reactivar la economía y frenar la caída del empleo.

La construcción ocupa en España a 2,3 millones de personas, entre empleos directos e indirectos, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Por su parte, una campaña de asfaltado en una ciudad como Madrid generaría por cada millón de euros de inversión 16 empleos directos y 24 empleos indirectos, atendiendo a informes internos de actividad de ASEFMA. En esta línea se sitúan también los cálculos recientes de las asociaciones españolas de construcción y conservación de obra pública que señalan que por cada millón de euros invertido en construcción se generan 14 nuevos puestos de trabajo directos y específicamente en el área carreteras: por cada millón de euros destinados a conservación se generan hasta 40 nuevos empleos.

Considerando estas informaciones, la situación deficitaria de las carreteras españolas y los compromisos medioambientales adquiridos por España que el sector ya está apoyando, la Asociación Española de la Carretera ha remitido al Gobierno una batería de veinte medidas para hacer frente a la crisis del Gran Confinamiento durante sus etapas de confinamiento, estabilización y recuperación. Dichas medidas han sido recogidas en un comunicado que ASEFMA, como entidad asociada a la AEC, suscribe en su totalidad.

  • Medidas urgentes en confinamiento

    1. Reactivar con carácter inmediato la ejecución real de todos los contratos de proyectos de ingeniería y obras ya existentes.

    2. Dinamizar la inversión retomando la licitación y adjudicación de los contratos públicos en el mismo punto en que se detuvo el proceso administrativo tras la declaración del Estado de Alarma, activando simultáneamente los plazos para la presentación de ofertas.

    3. Flexibilizar en la medida de lo posible el desarrollo de los contratos (posibilidad de suspender, reducir o prorrogar sin penalizaciones la actividad en curso en el supuesto de que la empresa viera obstaculizada su ejecución por causas humanas o materiales asociadas al coronavirus).

    4. Reconocer que la pandemia del COVID‐19 es un caso de “fuerza mayor” cuando motivos imputables a aquella desemboquen en la inviabilidad de la obra, recurriéndose, en tal situación, a la apertura de un expediente de daños por los gastos sobrevenidos como consecuencia de la suspensión de la actividad.

    5. Elevar la eficiencia del transporte incrementando temporalmente la masa máxima autorizada de los camiones hasta las 44 toneladas y apoyando financieramente, mientras se prolongue el Estado de Alarma, el pago de los peajes en autopistas para los viajes en vacío.

    6. Constituir una Mesa Sectorial de la Carretera, con la participación de todas las administraciones públicas con competencias en la gestión viaria y del tráfico, así como del sector privado, en cuyo marco se consensúen medidas orientadas a la reactivación del sector, dando respuesta a los desafíos globales que se han señalado anteriormente.

  • Medidas posconfinamiento de impulso a la recuperación

    1. Desarrollar un Plan de Carreteras Sostenibles en el marco de la Agenda 2030 y sobre la base de la definición de la inversión pública que ha dado el propio Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “Palanca importante para la reconstrucción”.

    2. Poner en marcha un plan de actuaciones prioritarias que afecte a las corporaciones locales y provinciales (Ayuntamientos y Diputaciones), las cuales cuentan con remanentes cifrados en 12.000 millones de euros y retenidos en virtud del principio de estabilidad presupuestaria. Este plan habría de enmarcarse dentro de los paquetes de actuaciones dirigidos a la lucha contra la despoblación.

    3. Abordar el debate de la financiación de las carreteras en el medio plazo, tanto de su construcción como de su conservación, favoreciendo fórmulas de colaboración público-privadas.

  • Medidas tras la era COVID-19

    1. Promover un acuerdo político para comprometer un programa de conservación estable, planificado, con inversión recurrente y programada asociada al valor patrimonial de la infraestructura; un programa vinculado también a la funcionalidad de cada vía, sostenible en el tiempo y que permita reducir los costes globales de operación y mantenimiento de la red.

    2. Poner en marcha un programa de conservación extraordinario anual, que permita superar el déficit acumulado en los últimos años. En concreto, incrementar en 300 millones de euros durante un período de ocho años las partidas destinadas a conservación y refuerzo de firmes en los Presupuestos Generales del Estado, lo que supondría pasar de los 900 millones de euros que se invierten actualmente a 1.200 millones.

    3. Respecto a las carreteras dependientes de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, incrementar en 600 millones de euros al año –durante los próximos ocho ejercicios- la inversión en su mantenimiento (para el conjunto de las autonomías), de manera que el nivel de inversión para estas redes se sitúe en 1.200 millones de euros anuales.

    4. Desarrollar un nuevo modelo de gestión del equipamiento vial, basado en inventarios y auscultación, que incorpore criterios de calidad en los proyectos.

    5. Llevar a cabo un plan de adecuación de puentes y túneles, en este último caso, conforme a la Directiva de 2004 sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Transeuropea de Carreteras, siguiendo las recomendaciones al respecto recogidas en el último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

    6. Acometer, con carácter general, un programa para la dotación de equipamiento inteligente en las ciudades, tanto de infraestructuras ad hoc como de servicios orientados a optimizar la movilidad.

    7. Diseñar e implantar un Plan Específico de Seguridad Vial en Carreteras Convencionales, donde se producen cada año el 75% de los accidentes y de las víctimas mortales y por las que circula el 40% del tráfico total; dicho Plan habría de articularse sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias (revisada en 2019), basados en el concepto “Sistema Seguro”.

    8. Potenciar un Plan de Carreteras 2+1, en las que cada sentido de circulación alterna la existencia de un carril adicional durante un número determinado de kilómetros, eliminándose el choque frontal como consecuencia de adelantamientos y reduciéndose el riesgo de impacto fronto-lateral.

    9. Considerar la potencialidad de reducción de emisiones que genera una carretera en buen estado de conservación y su contribución al compromiso global en este campo (según datos de la Asociación Española de la Carretera, repavimentar la mitad de la red de carreteras de nuestro país permitiría ahorrar 1.600.000 toneladas de CO2 al año, lo mismo que emite todo el tráfico de la ciudad de Madrid durante 8 meses).

    10. Definir la hoja de ruta de las Smart Roads, promoviendo un cambio de paradigma ante los nuevos retos de la movilidad en el futuro, centrados en el vehículo eléctrico, autónomo y conectado. El Tribunal de Cuentas de la UE señala algunos de estos retos en su último informe, en concreto el despliegue de la infraestructura necesaria para los combustibles limpios (eléctrico, gas natural licuado, gas natural comprimido e hidrógeno).

    11. Apoyar la generación de nuevos servicios de utilidad para los usuarios de las vías, basados en la conectividad, el tratamiento de datos, las TIC’s y la Inteligencia Artificial.

 

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